El presidente electo, Pedro Castillo, debe alejar de su entorno a personas investigadas y condenadas por delitos de corrupción, afirmó en un pronunciamiento público la Defensoría del Pueblo, en el que también lo felicita por su victoria electoral.
“El presidente de la República tiene la obligación constitucional de liderar la lucha contra la corrupción y mantener la integridad de dicho cargo, alejando de su entorno a personas investigadas y, con mayor razón, condenadas por delitos de corrupción”, indica en su comunicado.
Para la institución que dirige Walter Gutiérrez, “la cercanía al poder de personas que han incurrido en actos de corrupción resulta especialmente peligrosa, pues pone en riesgo la objetividad de la investigación de estos delitos y la imparcialidad de la actividad jurisdiccional dirigida a sancionarlos”.
En las redes sociales de inmediato vincularon este mensaje de Gutiérrez y la Defensoría con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Recientemente, la Procuraduría Anticorrupción de Junín solicitó al Ministerio Público incluir al también fundador de Perú Libre en la investigación. En esa misma solicitud se incluye, además, levantar su secreto bancario y de las comunicaciones desde el 2019.
Daños a la economía
En su comunicado, la Defensoría del Pueblo explicó que la corrupción genera una pérdida anual de más de 23 mil millones de soles. También es “un obstáculo para que se garantice el pleno goce de los derechos fundamentales y (para) una adecuada prestación de servicios públicos”, indica.
“En atención al grave impacto social de la corrupción, el TC ha sostenido que ella constituye un atentado contra el Estado social y democrático”.
En el pronunciamiento, la Defensoría felicitó a Castillo por su victoria en las elecciones y expresó sus “deseos de éxito por el progreso del país”.
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