El defensor del Pueblo del Perú, José Gutiérrez Cóndor, destacó la necesidad urgente de fortalecer la protección de los derechos fundamentales de las comunidades campesinas y nativas en el país. Según el funcionario, la Defensoría cumple un rol clave en garantizar la defensa de la ciudadanía y en supervisar el correcto funcionamiento de la administración pública, conforme al artículo 162 de la Constitución Política del Perú.
De acuerdo con Gutiérrez Cóndor, la institución ha realizado 14 sesiones descentralizadas con pueblos amazónicos y planea culminar este ciclo con una reunión adicional en Purús. Estas actividades buscan acercar la Defensoría a las comunidades y visibilizar las problemáticas estructurales que enfrentan, como la falta de acceso a agua potable, saneamiento, educación y salud.
Conflictos ambientales
Gutiérrez Cóndor afirmó que aproximadamente el 75% de los conflictos sociales en el Perú están relacionados con temas medioambientales, especialmente por actividades extractivas como la minería y la explotación de hidrocarburos. Según señaló, estas actividades afectan directamente a las comunidades, vulnerando sus derechos y su forma de vida.
El defensor resaltó las dificultades que enfrentan las comunidades para titular sus tierras, indicando que muchas veces deben asumir altos costos y organizarse de manera independiente ante la ausencia de apoyo estatal. Según Gutiérrez Cóndor, esta situación refleja un abandono histórico hacia las poblaciones rurales y subraya la urgencia de fortalecer la estructura orgánica de las comunidades campesinas.
Durante su intervención, Gutiérrez Cóndor también cuestionó la actual política de seguridad ciudadana y el aumento constante del presupuesto en seguridad. Propuso destinar parte de esos recursos a programas preventivos, como la mejora de la alimentación, la salud y la educación de la niñez, con el objetivo de reducir la criminalidad desde sus causas estructurales.
Acción legal en defensa de derechos colectivos
Finalmente, el funcionario anunció que la Defensoría del Pueblo está evaluando presentar una acción de inconstitucionalidad contra normas que podrían lesionar los derechos colectivos de las comunidades campesinas. Según precisó, la defensa y protección de la propiedad comunal —que debe ser inalienable, intangible e imprescriptible— constituye una prioridad para la institución.
Gutiérrez Cóndor llamó a mantener la unidad entre las comunidades y a construir una agenda común orientada al desarrollo sostenible y al respeto de sus derechos ancestrales. Según afirmó, la colaboración entre el Estado y las organizaciones comunales será determinante para lograr un país más equitativo y con mayores oportunidades para todos.
