El Tercer Juzgado Unipersonal de Huánuco declaró consentida la sentencia contra el empresario de transportes Jimmy Alberto Díaz Acosta, quien deberá cumplir cinco años y cuatro meses de prisión efectiva en el penal de Huánuco por el delito de estafa agravada. La orden de captura se emite tras demostrarse que defraudó a los ancianos Leodigario Ramírez Picón y Albertina Rosa Zevallos, quienes fallecieron durante el proceso judicial.
Según el abogado de los agraviados, Francisco Ponce Gamarra, Díaz Acosta engañó a las víctimas al otorgar como garantía hipotecaria un inmueble en el predio El Tingo. Sin embargo, esta garantía no fue registrada en los Registros Públicos, lo que permitió al empresario vender el bien de forma fraudulenta. “Aprovechó que no había un registro y procedió a vender el inmueble, causando un perjuicio irreversible a los ancianos”, señaló Ponce.
El caso culminó con una sentencia en primera instancia y la inadmisibilidad del recurso de apelación presentado por Díaz Acosta, lo que permitió ejecutar la pena y dictar su captura a nivel local y nacional bajo el expediente 03380-2019-24-1201-JR-PE-04.
Antecedentes por usurpación agravada
Además de la estafa, Díaz Acosta cuenta con antecedentes por usurpación agravada en perjuicio de Micaela Carnero de Pazo, de 72 años, a quien despojó de su terreno en 2017. Aunque fue condenado como autor del delito, inicialmente se le impuso una pena de tres años con reglas de conducta y una reparación civil de 3,500 soles.
El empresario incumplió las reglas al variar su domicilio sin autorización y no cumplir con el pago total de la reparación civil, lo que llevó al Ministerio Público a solicitar la revocatoria de la pena. A pesar de haber regularizado parcialmente su situación en 2022, Díaz Acosta volvió a incumplir, agravando su situación judicial.
