En un giro polémico, un sentenciado por robo agravado, Jordan Arthur Carpio Laura, se ha visto beneficiado por el Decreto Legislativo 1585, promulgado por la administración de la presidenta Dina Boluarte. Este decreto, con el objetivo de deshacinar cárceles, permite que ciertos delincuentes sentenciados con penas privativas de libertad eviten o reduzcan su tiempo en prisión.
Carpio Laura, quien fue inicialmente sentenciado a 8 años de prisión, tuvo su pena reducida a 5 años tras un recurso de nulidad. El Decreto 1585, que eleva el rango de conversiones de prisión efectiva en servicios comunitarios de 4 a 5 años, permitió que su condena se transformara en jornadas de prestación de servicios a la comunidad.
El caso de Carpio Laura, que se prolongó por más de una década debido a su fuga y posterior captura, ha encendido el debate sobre la eficacia y las implicaciones de este tipo de medidas legislativas. Los críticos, incluido el exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado, ven estos movimientos como un retroceso en la administración de justicia y una amenaza a la seguridad pública.
El Gobierno de Boluarte, con una serie de decretos que alteran significativamente el panorama judicial y policial del país, enfrenta un creciente escrutinio. La atribución de facultades investigativas a la Policía Nacional del Perú (PNP) y la reducción de las del Ministerio Público son vistas con preocupación por los expertos, que comparan estas acciones con las de regímenes autoritarios.
