Crisis ambiental y social en la Amazonía Peruana: La lucha de Puerto Inca y más allá

Desde Puerto Inca, Huánuco, se reporta una situación alarmante que refleja la crisis ambiental y social que enfrenta la Amazonía peruana. La minería ilegal, el narcotráfico y las invasiones a territorios comunales están poniendo en jaque a las comunidades nativas, con líderes ambientales y organizaciones indígenas alertando sobre los peligros inminentes.

Fernando Roel, presidente de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Puerto Inca (Feconapia), destaca que la minería ilegal es el principal problema en la región. Desde 2018, la situación ha empeorado, con 253 mineras no formalizadas operando en un área de 500 hectáreas. Esta actividad no solo causa daño ambiental, sino que también genera discordia dentro de las comunidades y amenazas a líderes como Roel.

El 18 de octubre, se llevó a cabo la jornada «Propuestas desde las y los defensores ambientales indígenas», organizada por diversas entidades y ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). El evento se centró en la protección de los líderes ambientales, en un contexto donde Global Witness reporta 54 víctimas mortales entre 2012 y 2022.

A pesar de los esfuerzos del Estado, como el Decreto Supremo N° 004-2021-JUS para proteger a los defensores de derechos humanos, la abogada Maritza Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL) señala que el mecanismo es insuficiente, principalmente por falta de presupuesto.

Jamner Manihuari, vicecoordinador general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), lamenta la expansión de los peligros que enfrentan los pueblos originarios y los defensores ambientales en la Amazonía. Manihuari enfatiza la necesidad de compartir experiencias y aprendizajes con otros países para combatir más eficazmente estos crímenes.

Yanet Velasco, lideresa y tesorera de la Central Asháninka de Río Ene (Care), resalta la lucha contra el narcotráfico en el Vraem, donde la deforestación y la contaminación de ríos por la siembra de hoja de coca afectan gravemente a las comunidades asháninkas.

El caso de Ángel Pedro Valerio, líder de Care, acusado injustamente y luego exonerado, ejemplifica la criminalización que enfrentan algunos defensores ambientales. Saúl Vega Samuel, vicepresidente de Care, denuncia esta injusticia y reafirma la unidad y resistencia de su organización.