La crítica situación de inseguridad en el Perú ha captado la atención internacional. Según informó Renato Silva en Infobae, el Financial Times publicó un artículo titulado “Amenazas de muerte por WhatsApp: la extorsión drena el dinero de los peruanos”, en el que detalla cómo las actividades delictivas, como el sicariato y la extorsión, se han convertido en una amenaza constante para diversos sectores económicos y sociales. El medio subraya que esta escalada de criminalidad responde a un vacío de poder político y a la inacción del gobierno de Dina Boluarte frente al incremento de la delincuencia.
Un país bajo amenaza criminal
La publicación señala que organizaciones criminales extranjeras, pandillas locales y bandas dedicadas al tráfico de drogas han expandido sus operaciones hacia la extorsión, aprovechando un contexto de debilidad institucional y falta de liderazgo.
“Los grupos criminales dedicados al sicariato y al tráfico de drogas han pasado a la extorsión, explotando un vacío de poder político”, afirma el artículo, que también resalta cómo esta situación ha impactado a transportistas, empresarios, barberos e incluso escuelas.
El Financial Times identifica un problema estructural en la alta rotación de presidentes en los últimos años. “El Perú ha tenido seis presidentes en un periodo de tiempo muy corto, lo que ha debilitado la capacidad del Gobierno para enfrentar los retos de seguridad”, apuntó un analista consultado.
Criminalidad con recursos superiores al Estado
La economía de las organizaciones delictivas ha alcanzado niveles alarmantes, con ingresos que superan los presupuestos de los principales ministerios encargados de garantizar la seguridad pública.
“La enorme cantidad de dinero que se mueve en las economías ilegales eclipsa el presupuesto anual combinado del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial”, declaró Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, al medio estadounidense.
El artículo también menciona que los criminales han accedido a datos personales a través de redes sociales o mercados negros de información hackeada, utilizando estos recursos para extorsionar a ciudadanos y empresarios.
2024: el año más sangriento
Las cifras presentadas por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) indican que 2024 fue el año más violento registrado en el Perú, con más de 2,000 homicidios, superando los 1,431 del año anterior. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha cuestionado estos datos, argumentando discrepancias con los registros policiales.
“El gran problema es que muchas víctimas no denuncian por temor a represalias, lo que distorsiona las cifras oficiales”, comentaron analistas consultados por Financial Times.
Por otro lado, el ministro de Salud, César Vásquez, defendió la fiabilidad de los datos del Sinadef, contradiciendo a su colega del Interior. Esta pugna evidencia una falta de coordinación entre las instituciones gubernamentales en la gestión de la seguridad.
El impacto en los sectores económicos
El Financial Times también destacó cómo la extorsión afecta sectores económicos clave. Los conductores de buses, por ejemplo, enfrentan amenazas constantes, lo que genera caos y ansiedad en el transporte público.
“Si no tienes choferes, ¿qué sentido tiene que una empresa mantenga una flota de buses o una concesión para operar una ruta?”, afirmó Fernando Núñez, conductor entrevistado.
Además, el artículo señala que normas promovidas desde el Congreso han favorecido indirectamente a los grupos criminales, debilitando aún más la capacidad del Estado para combatir la corrupción.
“El Congreso está aprobando leyes que favorecen la corrupción, y por eso, en lugar de seguridad, tenemos más corrupción”, declaró José León, transportista entrevistado por el medio.
Un llamado a la acción
El artículo concluye que la falta de respuestas eficaces por parte del gobierno de Dina Boluarte ha dejado a la ciudadanía peruana vulnerable ante una ola de criminalidad sin precedentes. El Financial Times resalta que para enfrentar este desafío es necesario un liderazgo sólido y una estrategia integral que articule esfuerzos entre todas las instituciones del Estado.
