La minería ilegal en el norte del Perú se ha convertido en un problema de gran escala, con estructuras criminales organizadas que operan con financiamiento y control territorial. Pese a los esfuerzos del Estado para erradicar esta actividad, los resultados han sido mínimos. «El 85 % de las bandas criminales ligadas a la minería ilegal en el país son de origen peruano», reveló el analista político Iván Arenas en un reciente análisis para Radio Nacional. Según Jazmine Angulopara Infobae.
Desde La Libertad hasta Puno, esta actividad ilícita se ha vinculado con el narcotráfico, el tráfico de armas y el lavado de dinero. Además, su influencia ha logrado penetrar instituciones clave, lo que dificulta aún más la lucha contra esta problemática. «No solo estamos enfrentando un delito ambiental, sino un fenómeno que desestabiliza la economía y la seguridad del país», advirtió el experto.
Un problema que el Estado no ha podido contener
A pesar de los esfuerzos por combatir la minería ilegal, las medidas implementadas han sido insuficientes. La declaratoria de estados de emergencia en diversas regiones afectadas no ha logrado frenar el avance de la criminalidad. «Estas estrategias han fracasado porque no atacan el problema de fondo. La presencia de grupos extranjeros, especialmente de Venezuela y Ecuador, se ha incrementado, formando parte de bandas organizadas en todo este corredor ilegal», señaló Arenas.
Los informes de inteligencia han identificado una red criminal que controla el transporte de oro extraído de manera ilegal y lo comercializa en mercados internacionales. En paralelo, estas bandas también se benefician de la explotación de otros recursos y del contrabando de insumos químicos.
Corrupción y complicidad política
El impacto de la minería ilegal no solo se limita a la delincuencia común. También ha alcanzado el ámbito político. «Hemos detectado que varios candidatos en recientes elecciones han recibido apoyo económico de sectores ligados a la minería ilegal. No se trata solo de gobiernos locales, sino de una influencia que alcanza niveles regionales y nacionales», alertó Arenas.
Además, han surgido propuestas en el Congreso que favorecen a la minería informal en lugar de establecer regulaciones más estrictas. «No podemos ignorar que hay intereses políticos detrás de la falta de medidas concretas contra esta actividad», añadieron expertos en seguridad.
Uno de los mayores problemas es la falta de control en el financiamiento de campañas electorales. Sin un sistema transparente y eficiente para fiscalizar estos aportes, el crimen organizado ha encontrado una vía para infiltrarse en la política y garantizar su impunidad.
La expansión de un corredor ilegal
El crecimiento de la minería ilegal ha generado un corredor económico ilegal que abarca distintas provincias y regiones del país. Desde la sierra de La Libertad hasta Cajamarca, esta actividad ha propiciado la proliferación de redes criminales que también se dedican al tráfico de drogas y al comercio ilícito de armas.
«El alza en el precio del oro ha impulsado una nueva ola de criminalidad en La Libertad, Arequipa, Puno y Cusco. Estas organizaciones han diversificado sus actividades y están consolidando su control sobre estos territorios», indicaron fuentes policiales.
Un informe reciente señala que para formalizar a todos los mineros informales en La Libertad se necesitarían al menos 26 años. Este dato evidencia la magnitud del problema y el enorme desafío que enfrenta el Estado para regular la actividad minera en el país.
El oro ilegal, una fuente de financiamiento para el crimen organizado
La minería ilegal no solo daña el medio ambiente, sino que también se ha convertido en una fuente clave de financiamiento para organizaciones delictivas. Los ingresos generados por la venta de oro en el mercado negro se utilizan para la compra de armas, sobornos y el fortalecimiento de redes criminales.
«Cada vez que un cargamento de oro ilegal sale del país, estamos financiando grupos criminales que operan en nuestras ciudades. Este problema no se va a solucionar solo con operativos policiales, se necesita una estrategia de largo plazo», enfatizó Arenas.
Algunas de estas bandas, como el Tren de Aragua, han encontrado en la minería ilegal una actividad lucrativa que complementa sus otras operaciones ilícitas. La falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades ha permitido que estos grupos expandan su influencia en distintas regiones del país.
Fuerzas del orden bajo amenaza
El poder de estas organizaciones es tal que incluso han logrado intimidar y atacar a las fuerzas del orden. Hace unas semanas, ocho presuntos miembros de bandas criminales fueron detenidos en Pataz, portando fusiles de asalto AR-15. Estos armamentos de alto calibre reflejan la peligrosidad de estos grupos y su capacidad para hacer frente a operativos policiales.
Los agentes que intentan frenar estas actividades enfrentan serios riesgos. En diversas ocasiones, se han reportado emboscadas contra efectivos de la Policía Nacional y miembros del Ejército, lo que evidencia el nivel de violencia que impera en estos territorios controlados por la minería ilegal.
