El Ministerio Público presentó una denuncia constitucional contra la congresista Lucinda Vásquez, integrante del Bloque Magisterial, por su presunta participación en la filtración y venta de la Prueba Única Nacional, utilizada para el ascenso en la Carrera Pública Magisterial. De acuerdo con la Fiscalía, la parlamentaria es investigada por el delito de tráfico de influencias, que habría cometido al ofrecer el examen a docentes en la región San Martín a cambio de dinero. Según Camila Calderón para Fuente: Infobae
El caso: filtración de un examen oficial
Según las investigaciones fiscales, la Prueba Única Nacional fue aplicada el 13 de noviembre de 2021 como parte del proceso de ascenso docente. Sin embargo, entre agosto y noviembre de ese año, Lucinda Vásquez habría utilizado su posición política para intervenir en la prueba y favorecer a ciertos postulantes.
“Los hechos están referidos a que la mencionada congresista, teniendo influencias reales en el Ministerio de Educación, habría ofrecido a diversos postulantes interceder ante los funcionarios del ministerio para acceder indebidamente a la Prueba Única Nacional del referido concurso”, indica el comunicado del Ministerio Público.
La denuncia señala que la parlamentaria habría logrado obtener el examen a través de Ynés Gallardo Calixto, hija del entonces ministro de Educación, Carlos Alfonso Gallardo Gómez. Posteriormente, se habrían comercializado copias de la prueba a distintos docentes en varias provincias de San Martín, con un costo de 3.000 soles por copia.
Lucinda Vásquez y su presunta red de corrupción
Las pesquisas de la Fiscalía indican que el dinero recaudado habría sido entregado a Vásquez, aunque todavía se investiga el destino final de los fondos. La denuncia también incluye a otros implicados en la supuesta red de filtración, entre ellos los docentes:
- Héctor Llamacpomcac Ravelo
- Olga Carmela Chávez Muñoz
- María Angelina Tapia Leyva
- Jorge Fasa
Estas personas habrían colaborado en la distribución y venta de los exámenes, permitiendo que ciertos docentes accedieran ilegalmente a la prueba antes de su aplicación oficial.
Un escándalo que pone en duda la transparencia en el sector educativo
La filtración de la Prueba Única Nacional pone en entredicho la transparencia y equidad en los procesos de selección y ascenso docente en el Perú. Este tipo de exámenes busca garantizar que los profesores sean evaluados de manera justa, por lo que la alteración de los resultados afecta directamente la calidad del sistema educativo.
El Ministerio Público sostiene que esta denuncia es parte de un esfuerzo por sancionar la corrupción dentro del Congreso y el sector educativo. En ese sentido, han asegurado que se continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad exacta de cada implicado y aplicar las sanciones correspondientes.
Posibles sanciones y consecuencias legales
De confirmarse la culpabilidad de Lucinda Vásquez, la congresista podría enfrentar una inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de una sentencia penal por el delito de tráfico de influencias. Este caso reaviva el debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos de control en los concursos públicos y sancionar a los funcionarios que se aprovechan de su posición para cometer actos ilícitos.
En el Congreso, algunos parlamentarios han solicitado que Lucinda Vásquez sea suspendida de sus funciones mientras avanza la investigación. Sin embargo, hasta el momento, la legisladora no se ha pronunciado sobre la denuncia en su contra.
Antecedentes de corrupción en el Congreso
Este no es el primer caso de un congresista peruano implicado en corrupción. En los últimos años, varios parlamentarios han sido denunciados por utilizar su influencia para obtener beneficios ilícitos, lo que ha generado una crisis de credibilidad en el Poder Legislativo.
Casos como este han impulsado iniciativas para reformar el Congreso y aplicar sanciones más severas a los legisladores involucrados en actos irregulares. No obstante, el problema persiste y sigue afectando la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos.
¿Qué sigue en el proceso judicial?
Tras la presentación de la denuncia constitucional, se espera que el Congreso de la República evalúe el caso y determine si procede la suspensión de Lucinda Vásquez. En paralelo, la Fiscalía continuará con la recopilación de pruebas y testimonios para fortalecer la acusación.
Por su parte, los docentes que adquirieron la prueba de manera ilegal también podrían enfrentar sanciones, ya que su participación en la compra del examen constituye un acto de corrupción que perjudica el sistema de evaluación docente en el país.
Conclusión
El caso de Lucinda Vásquez representa un nuevo escándalo de corrupción en el Congreso y pone en evidencia las fallas en los sistemas de control dentro del Ministerio de Educación. La filtración de exámenes es un problema grave que afecta la meritocracia y la calidad educativa en el Perú.
Ahora, la Fiscalía busca que este caso no quede impune y siente un precedente contra la corrupción en el sector público. La expectativa está puesta en la respuesta del Congreso y en la acción de las autoridades judiciales para determinar el destino de la legisladora y sus presuntos cómplices.
