El expresidente del Congreso, Alejandro Soto, ha sido señalado como responsable de la contratación de Isabel Cajo, abogada vinculada a una presunta red de prostitución en el Parlamento. Según informó Luis Paucar para Infobae Perú, la congresista Norma Yarrow, vocera de Avanza País e integrante de la Comisión de Fiscalización, reveló que entre los 20 contratos revisados por su equipo, uno destacaba por incluir una “adenda” que habría sido autorizada directamente por la presidencia del Congreso, entonces liderada por Soto.
“El presidente del Congreso era Alejandro Soto, de APP. Es un documento oficial. No estoy diciendo cosas que no existen, son hechos”, afirmó Yarrow, mostrando el contrato como prueba.
El contrato y la polémica adenda
El contrato de Isabel Cajo incluía una cláusula que, según Yarrow, no aparece en los otros contratos revisados. “Por disposición expresa y comunicada (…) por la Oficialía Mayor autorizada por la presidencia del Congreso, se mantiene la condición contractual bajo la modalidad de servicio técnico”, especifica el documento.
Yarrow insistió en la necesidad de obtener el proveído, el documento que habría autorizado la ampliación del contrato, para determinar si Alejandro Soto tenía conocimiento de esta contratación. “Si el proveído dice que por indicaciones expresas de la presidencia se haga la adenda del contrato, sí habría conocimiento sobre esta contratación. Esto lo podría aclarar fácilmente el oficial mayor o el propio congresista Soto”, señaló.
Cajo, quien no posee título de bachiller, fue contratada con un salario superior a los 7,000 soles como personal de confianza en el despacho del congresista Edwin Martínez. Antes de este puesto, trabajó en la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento, dirigida por Jorge Torres Saravia, presunto líder de la red de prostitución en el Congreso.
El vínculo con el caso OnlyFans
Además de su contratación en el Congreso, Cajo había ofrecido contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, lo que ha sido utilizado como un punto de debate en torno a su idoneidad para el cargo. “Es una decisión personal incursionar en OnlyFans, pero lo grave sería si en los videos se ven involucrados funcionarios o congresistas”, expresó Yarrow.
La congresista también cuestionó la falta de rigurosidad en los procesos de contratación. “En la idoneidad del cargo, no le preguntas a lo que se dedica, y ella se dedicaba al tema de OnlyFans”, concluyó.
Defensa de Isabel Cajo
En su primera declaración pública, Isabel Cajo rechazó las acusaciones en su contra y aseguró ser víctima de una campaña de desprestigio. “Lamento mucho las tergiversaciones que se han generado a mi alrededor. Solo pido, por favor, que ya no me ataquen más. No merezco lo que estoy pasando”, afirmó en un audio difundido por el programa de Milagros Leiva.
Cajo también denunció haber sufrido el robo de su celular en el distrito de Magdalena, aunque imágenes de seguridad presentadas por la municipalidad contradicen su versión. “Debo poner de conocimiento de las autoridades que no he faltado a la verdad. La persona que se observa en dicha grabación no soy yo”, añadió.
El trasfondo del escándalo
Este caso se enmarca en una serie de revelaciones sobre presuntas actividades ilícitas dentro del Congreso. Según un reportaje de Hildebrandt en sus trece, Jorge Torres Saravia habría contratado a mujeres sin experiencia ni los requisitos necesarios para ser asesoras o secretarias en el Parlamento, pero que en realidad trabajaban en actividades de prostitución.
El informe también señala que Torres Saravia organizaba fiestas privadas con altos funcionarios, en las que se fotografiaba y grababa a los asistentes. Isabel Cajo estaría vinculada a estas reuniones, tras las cuales habría comenzado a laborar en el Legislativo.
El escándalo salió a la luz tras el asesinato de la abogada Andrea Vidal Gómez, cuyo caso también ha sido relacionado con esta presunta red delictiva.
Repercusiones políticas
El impacto político del caso ha sido significativo. El alcalde del distrito de Magdalena, Francis Allison, presentó recientemente su renuncia a la militancia de Alianza para el Progreso (APP), partido al que pertenece Alejandro Soto. Aunque Soto no se ha pronunciado oficialmente sobre las acusaciones, las críticas hacia su gestión como presidente del Congreso han aumentado.
Norma Yarrow insistió en la importancia de esclarecer el caso. “Lo que tenemos que hacer es transparentar con documentación”, afirmó, señalando que buscará que Soto y otros funcionarios involucrados rindan cuentas ante la Comisión de Fiscalización.
Implicaciones y la necesidad de transparencia
El caso de Isabel Cajo pone en evidencia problemas estructurales en los procesos de contratación del Congreso, así como la falta de controles para evitar abusos de poder. Especialistas han señalado que este escándalo refleja un desprestigio creciente de las instituciones públicas, que afecta la confianza ciudadana en sus representantes.
“La gravedad de este caso radica no solo en las actividades ilícitas vinculadas, sino en cómo estas acciones quedan encubiertas por quienes deberían garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de las instituciones”, comentó un analista político.
Por ahora, las investigaciones continúan. La presión pública y política aumenta para que se esclarezcan los hechos y se sancione a los responsables, no solo por las presuntas actividades ilícitas, sino también por la opacidad en la gestión del Congreso.
