Con 81 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones, el Congreso de la República aprobó una ley que empodera a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para regular el financiamiento y las actividades de las ONG en el país. La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando, y respaldada principalmente por Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Bloque Magisterial, Avanza País, Somos Perú y Honor y Democracia.
Contenido y alcances de la ley
La norma establece que la APCI tendrá mayor autonomía y su Consejo Directivo estará conformado por representantes del Ejecutivo, lo que incrementa su control sobre la cooperación internacional. Además, considera como infracciones graves que las actividades financieras de las ONG que pueden afectar el orden público, la seguridad ciudadana o la defensa nacional.
También se prohíbe que las ONG financieras o asesoras en acciones legales contra el Estado Peruano en instancias nacionales o internacionales, lo que podría afectar a organizaciones que defienden derechos humanos o causas ambientales.
Entre las sanciones contempladas en la norma se incluyen multas de hasta 500 UIT y la cancelación de la inscripción de las ONG involucradas. Además, se establece que, si se encuentran indicios de financiamiento ilícito, las ONG podrán ser denunciadas ante el Ministerio Público.
Posturas a favor y en contra
Desde el oficialismo y las bancadas de derecha, se defendió la norma alegando la necesidad de fiscalizar los fondos de las ONG. José Cueto (Honor y Democracia) justificó la medida afirmando que “millones de soles no tienen fiscalización” y que “se busca transparencia”. En la misma línea, el fujimorista Alejandro Aguinaga sostuvo que la ley “cortará el modus operandi de quienes lucran con la cooperación internacional”.Por otro lado, congresistas de izquierda como Susel Paredes, Guillermo Bermejo y Alex Flores, advirtieron que esta ley busca perseguir a las ONG que denuncian abusos del Estado y que vulnera la libertad de pensamiento y expresión. Paredes presentó una cuestión previa para que la norma vuelva a comisiones, pero fue rechazada.
