Congresistas y Ejecutivo impulsan retiro de 800 policías que investigaron casos de corrupción

En un contexto de tensión y controversia, la bancada fujimorista, a través de la congresista Tania Ramírez García, se ha sumado al proyecto de ley que propone el retiro excepcional de 800 oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP). Esta iniciativa proviene de congresistas de Acción Popular, comúnmente conocidos como «Los Niños», quienes enfrentan investigaciones por tráfico de influencias. La propuesta busca dar de baja a efectivos policiales que se encuentran bajo procesos disciplinarios, incluyendo oficiales de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que en el pasado realizaron operativos contra estos congresistas y otros políticos. Según el informe de Doris Aguirre para portal de La República.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha expresado su oposición a la iniciativa, advirtiendo que no existen los S/ 75 millones necesarios para cubrir los beneficios y la compensación por tiempo de servicio (CTS) de los oficiales que serían retirados. El ministro del Interior, Juan Santiváñez, en lugar de objetar la viabilidad económica, ha solicitado a la PNP que reorganice sus recursos para cubrir los costos de la medida.

Motivaciones detrás del proyecto de ley

El 13 de septiembre, el congresista Elvis Vergara Mendoza, uno de «Los Niños», presentó ante la Comisión de Defensa Nacional el proyecto de ley con el objetivo de realizar una «reestructuración» que permita el retiro masivo de oficiales con antecedentes disciplinarios. Sin embargo, analistas y fuentes policiales señalan que el verdadero objetivo es remover a los oficiales de la Diviac que investigaron a políticos y funcionarios, incluso a miembros de la administración de la presidenta Dina Boluarte, con quienes mantendrían fricciones. Entre los oficiales que podrían ser dados de baja figuran el coronel Harvey Colchado y el capitán Junior Izquierdo, quienes participaron en casos de alto perfil de corrupción.

La República intentó obtener declaraciones de Vergara y Ramírez para aclarar los motivos del proyecto, pero ninguno respondió. En cambio, Ramírez argumentó en un documento que el incremento de la criminalidad justifica la medida, aunque no detalla cómo la salida de los 800 oficiales contribuiría a combatirla.

Implicaciones presupuestarias y respuestas del MEF

El MEF ha resaltado varios puntos críticos respecto a la propuesta. Según el ministro José Arista Arbildo, el retiro excepcional de estos oficiales generaría un gasto imprevisto y no cuenta con el respaldo del presupuesto estatal para 2024. Se estima que cubrir el pago de CTS y beneficios adicionales requeriría al menos S/ 50 millones. Sin embargo, un informe de la PNP enviado por Santiváñez a la Comisión de Defensa Nacional indica que, con reorganización, podrían cubrirse los S/ 75 millones necesarios.

Fuentes policiales han revelado que el comando de la PNP ha comenzado a utilizar fondos de áreas operativas, como la Dirección Antidrogas (Dirandro) y la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), para reunir la cantidad necesaria. Esto implica reducir presupuesto asignado para uniformes y mantenimiento de vehículos operativos, lo que preocupa a oficiales que consideran que afecta la capacidad de la PNP para enfrentar al crimen organizado.

Un supuesto incentivo financiero y el respaldo de Fuerza Popular

El proyecto también contempla un aumento del 14% en la remuneración básica para los oficiales que acepten el retiro, así como un incremento en la pensión para aquellos que ya se encuentren en el cuadro de méritos para ascenso. Sin embargo, fuentes policiales cuestionan la legalidad de este aumento, al no estar regulado en el sistema pensionario actual. Según algunos críticos, el aumento propuesto serviría para reducir el descontento de los afectados.

Mientras la Comisión de Defensa se prepara para debatir el proyecto, la opinión pública y sectores policiales permanecen alerta, cuestionando si el retiro masivo debilitará la capacidad operativa de la PNP y si está verdaderamente enfocado en fortalecer la seguridad ciudadana o en una purga política en las filas policiales.