La reubicación de figuras políticas tras ser objeto de controversia parlamentaria se ha convertido en una práctica recurrente dentro de la administración pública peruana. En un movimiento que ha generado debate, la presidenta Dina Boluarte ha decidido mantener cerca al exministro del Interior, Juan José Santiváñez, tras su censura por el Congreso, designándolo en una flamante oficina dentro del Despacho Presidencial.
Según la investigación publicada por El Comercio, esta nueva dependencia, denominada Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, fue creada para brindar asesoría directa a la presidencia.
La Resolución N°024-2025-DP/SGDP oficializa el nombramiento de Santiváñez Antúñez, quien fuera censurado el 21 de marzo pasado. El documento, firmado por el secretario general del Despacho Presidencial, Enrique Vílchez Vílchez, establece la dependencia jerárquica de la oficina y su función principal como órgano de asesoramiento. La resolución se basa en un memorando de la Secretaría General del Despacho Presidencial, que justifica la designación de Santivañez en el marco de la nueva estructura orgánica de la entidad.
Aunque la oficina fue formalmente creada en septiembre del año anterior mediante una modificación al Reglamento de Organización y Funciones del Despacho Presidencial, materializada en un Decreto Supremo firmado por la propia mandataria, su operatividad real no se había concretado hasta la designación de Santiváñez. Este nuevo puesto, según el Manual de Perfiles de Puestos del Despacho Presidencial, modificado recientemente, tiene como misión «gestionar y organizar la información sectorial» del Ejecutivo, otros poderes del Estado y diversas entidades.
La compensación económica asignada al jefe de esta oficina asciende a S/17.568 mensuales, lo que suma un total de S/245.952 anuales. Además, la estructura de la oficina contempla la incorporación de un secretario, dos especialistas, dos analistas y un asistente, elevando el costo anual estimado a S/879.212.
La censura de Santiváñez por el Congreso se produjo debido a su gestión considerada ineficaz frente a la creciente inseguridad ciudadana. Durante su gestión de más de diez meses, Santiváñez contó con el respaldo del Ejecutivo, incluyendo a la presidenta Boluarte, quien elogió su dedicación en la lucha contra la inseguridad, incluso tras su censura.
Este movimiento recuerda la reubicación de Julio Demartini, exministro de Desarrollo e Inclusión Social, quien, tras ser investigado por el Caso Qali Warma, fue contratado como asesor en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Este patrón de reubicación ha generado críticas y cuestionamientos sobre la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, plantea dudas sobre la duplicidad de funciones de la nueva oficina con las ya existentes en la Jefatura del Gabinete Ministerial, así como su posible rol como operador político dentro del gobierno. Valdés sugiere que esta designación podría interpretarse como un «ascenso lateral» para Santiváñez, permitiéndole mantener influencia cerca del poder sin la misma responsabilidad que implicaba su cargo anterior.
