La seguridad ciudadana se ha convertido en una prioridad nacional, impulsando una serie de medidas legislativas y ejecutivas. La reciente jornada del jueves evidenció la urgencia del tema, marcada por un paro de transportistas, una sesión del Consejo de Ministros, la activación de un Cuarto de Guerra del Ejecutivo y un intenso debate en el Congreso. Este último concluyó con la aprobación de un paquete de iniciativas destinadas a fortalecer la lucha contra el crimen, incluyendo una reforma integral de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Este esfuerzo se produce en un contexto de creciente preocupación por el aumento de la criminalidad, con indicadores alarmantes en extorsión, sicariato y delincuencia común, generando un clima de inseguridad palpable en la ciudadanía.
Según la investigación publicada por El Comercio, la «Ley que establece medidas para la lucha efectiva contra la criminalidad a fin de garantizar la seguridad ciudadana», resultado de la agrupación de los proyectos 7567/2023-CR, 10044/2024, 10189/2024-CR y 10266/2024-CR, obtuvo un respaldo significativo en el Congreso, con 86 votos a favor y la exoneración de una segunda votación gracias a 81 votos adicionales. Esta aprobación refleja la determinación del Poder Legislativo para abordar la problemática de la inseguridad, que, según cifras oficiales, ha afectado a un porcentaje creciente de la población en los últimos años.
La nueva ley busca modernizar la Policía Nacional, proveyéndola de mayores recursos y optimizando su capacidad operativa. El texto legal explicita la intención de «disponer medidas extraordinarias de fortalecimiento institucional y modernización operativa, optimizar los recursos públicos, agilizar procesos operativos y priorizar la protección de derechos fundamentales de la ciudadanía, con enfoque en resultados medibles y mediante la coordinación multisectorial». La temporalidad de la ley está fijada en 180 días calendario a partir de su entrada en vigor, lo que implica un período de implementación y evaluación relativamente corto.
Un aspecto crucial es la exoneración de normas presupuestales para optimizar la gestión en el Mininter, permitiendo una mayor flexibilidad en las gestiones logísticas y presupuestales en favor de la Policía Nacional. Estas modificaciones presupuestarias estarán dirigidas al Programa Presupuestal 0030 “Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana”, lo que refleja una priorización de recursos hacia la lucha contra la criminalidad. Adicionalmente, se autoriza la intervención inmediata del Mininter, así como de los gobiernos regionales y locales, para que adquieran bienes y servicios sin los trámites administrativos habituales durante el período de emergencia, agilizando la respuesta a situaciones urgentes.
Se contempla también un incentivo económico para el personal policial que preste servicios de patrullaje a pie, patrullaje motorizado y operaciones focalizadas de investigación, autorizado por la Ley 32197. Para facilitar la implementación de este beneficio, el Mininter ha sido exonerado de cumplir el artículo 6 de la Ley de Presupuesto 2025, que restringe aumentos en sueldos y bonificaciones en entidades gubernamentales. Esta medida busca motivar y recompensar a los agentes que se dediquen activamente a combatir la delincuencia.
Además, la ley autoriza a los gobiernos regionales y locales a realizar transferencias financieras al Mininter para financiar proyectos y actividades dentro del Programa Presupuestal 0030. Estas transferencias requieren la suscripción de convenios y la aprobación mediante acuerdos de concejo municipal o regional, que deben ser publicados en el Diario Oficial El Peruano. El Mininter y la Policía Nacional tendrán un plazo de 90 días hábiles para evaluar la situación actual y proponer una reestructuración de ambas instituciones, buscando una reforma estructural profunda.
Expertos como el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, señalan la urgencia de cerrar la brecha en la dotación vehicular de la policía, recuperando unidades inoperativas y garantizando una presencia policial constante en las calles. Asimismo, destacan la necesidad de modernizar los sistemas de comunicación de la PNP, adquiriendo radios con un sistema troncalizado. Por su parte, Frank Casas, experto en seguridad, enfatiza la importancia de implementar el Plan Mariano Santos Mateo al 2023, que ya establece prioridades para fortalecer la PNP. Nicolás Zevallos, del Instituto de Criminología, subraya la necesidad de invertir en la creación de más laboratorios de investigación criminal a nivel regional.
