A pesar de los desplantes de Pedro Castillo de asistir a comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y el mal momento que vivieron dicha comisión tras impedirle el paso a Palacio de Gobierno el último lunes.
La comisión culminó el informe final sobre la investigación que se sigue contra el presidente por los casos Puente Tarata III, injerencia en los ascensos de las Fuerzas Armadas y Sarratea.
Entre sus conclusiones, el mencionado grupo de trabajo, encabezado por el congresista Héctor Ventura, recomendó que se formule una acusación constitucional contra el jefe de Estado.
Este informe deberá ser presentado y, posteriormente, debatido por los miembros de la Comisión de Fiscalización.
Luego, los legisladores deberán votar por su aprobación o, de ser el caso, su archivo. En caso llegase a ser admitido, el documento sería evaluado por la Comisión Permanente en una próxima sesión.
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El informe
En el caso Puente Tarata III, el grupo de trabajo señala que el mandatario debe ser acusado por haber cometido los delitos de organización criminal, colusión y negociación incompatible.
El informe incluye también a Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, para que sea acusado por los mismos delitos que el jefe de Estado.
Asimismo, se argumenta que la Fiscalía de la Nación debería recibir el documento elaborado por la Comisión de Fiscalización, con la finalidad de que emita el pronunciamiento respectivo sobre Castillo Terrones.
En esa línea, se aclara que el Ministerio Público deberá continuar con su propio proceso de investigación y “delimite responsabilidades penales”.
Respecto al caso de la presunta injerencia en ascensos de las Fuerzas Armadas, el documento propone que el presidente sea denunciado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.
También se recomienda incluir a Walter Ayala, exministro de Defensa, por haber tenido participación en el hecho. De la misma manera, sostiene que la Fiscalía debería revisar el informe a fin de que promueva una investigación preliminar contra Castillo Terrones, Bruno Pacheco, Walter Ayala, Karelim López y Zamir Villaverde.
Por otro lado, con relación al caso Sarratea, la Comisión de Fiscalización recomienda, por medio del informe, que la Comisión Permanente formule una acusación constitucional ante el Pleno contra Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión.
El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, se pronunció sobre el informe de la Comisión de Fiscalización y consideró que este documento no cuenta con “rigor jurídico” al concluir que el jefe de Estado estaría “involucrado en actos de corrupción”.
