Lo de nunca acabar. Son constantes las denuncias contra los directores de instituciones educativas de todo nuestro departamento por apropiarse o dar mal uso de los recursos del Estado o de los ingresos obtenidos por conceptos de matrícula o Apafa. Muchas veces se informó que falsifican documentos e inflan costos en la ejecución del mantenimiento, en el arreglo de los locales escolares o en la adquisición de materiales educativos.
Si los directores dan este tipo de ejemplo de corrupción a sus alumnos, a la comunidad docente y la comunidad en general, con qué moral pueden formar a los futuros ciudadanos, cuando debieran demostrar, con el ejemplo, los valores como honradez, trabajo, identidad y respeto con todos los que trabaja.
Acaso es necesario ponerles control institucional (OCI), como capataces o policías para controlar sus actos… sería ridículo, ¿cierto? Estos casos deben ser ejemplarmente sancionados tanto por las UGEL y, en especial, por la Dirección Regional de Educación separándoles del cargo e impidiendo que regresen a trabajar nuevamente en el sector Educación. Esto no está en la Ley del Profesorado; sin embargo, se debería incluir, pues están quitando recursos que buscan mejor la calidad de la educación a los alumnos.
A buena hora, la Fiscalía Anticorrupción está denunciando a 40 directores en la provincia de Leoncio Prado; pero en las otras unidades de gestión educativa, ¿qué resultados se tiene? O no se les está dando importancia a este fenómeno de corrupción que se está generalizando en la colectividad. ¿Acaso no son ejemplos los expresidentes Fujimori, Toledo, y muy probables también García y Ollanta, denunciados por corruptos?