En Huánuco, la investigación por un presunto caso de corrupción al interior de la comisaría de Acomayo ha generado una serie de decisiones judiciales que afectan a siete policías implicados. El proceso, a cargo del juez Samuel Cabanillas Catalán del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, busca esclarecer la presunta comisión de cohecho pasivo propio por parte de los agentes, quienes habrían participado en hechos irregulares relacionados con la aceptación de ventajas económicas.
Últimas resoluciones: libertad con restricciones y prisión preventiva
El último agente en recibir una resolución fue Hans Dewnis Canto Veramendi, quien fue liberado bajo comparecencia con restricciones. La defensa de Canto argumentó que él desempeña el rol de padre y madre para su hijo, una condición que fue acreditada mediante la presentación de documentos que incluían una demanda por pensión alimenticia contra su expareja. Considerando el principio de interés superior del niño y la falta de pruebas concluyentes en los tres presupuestos necesarios (elementos de convicción, prognosis de pena y riesgo procesal), el juez dictó comparecencia con restricciones y estableció una caución de 20 mil soles a pagar en el plazo de un mes. Asimismo, Canto tiene prohibido visitar el penal de Potracancha, donde están recluidos algunos de sus co-imputados.
En contraste, el suboficial José Carlos Morales Vargas fue enviado a prisión preventiva tras ser considerado un riesgo para el proceso. Morales se suma a Juan Gutiérrez Córdova y Jeysson Calampa Chuquimbalqui, quienes también fueron trasladados al penal de Potracancha para afrontar la investigación.
Primeras sentencias y detalles de la intervención
En una fase previa del proceso, el juez Cabanillas había ordenado prisión preventiva para el comisario Jeysson Calampa Chuquimbalqui y el suboficial Juan Gutiérrez Córdova, ambos acusados de cohecho pasivo propio. La fiscalía argumentó que los agentes, junto con otros involucrados, habrían aceptado un soborno de 3 mil soles para evitar la detención de dos individuos investigados por violación sexual en perjuicio de menores de 12 y 13 años. La intervención de los policías el 5 de septiembre fue inicialmente negada por los agentes, pero pruebas evidenciales llevaron a que algunos de los imputados admitieran su participación, e incluso contemplaran acogerse a la confesión sincera.
Por otro lado, la suboficial Nohely Franchesca Silvestr Rosales también fue liberada bajo restricciones, sumándose a Canto en la lista de policías que enfrentarán la investigación en libertad. Anoche, Edwin Jaime Bueno Pérez obtuvo una resolución similar, mientras que Luis Melchor Gonzáles Ponce aún espera una decisión judicial.
