Candidatos presidenciales refieren que sacarán del país a quienes delinquen y que reforzarán las fronteras para que ingresen solo los que no tienen antecedentes penales. No obstante, en sus planes de gobierno no abordan la situación migratoria ni las necesidades de esta población que supera hoy el millón de habitantes.
A una semana para los comicios del 11 de abril, la problemática de la “delincuencia extranjera” se ha vuelto un tema central en los discursos de los candidatos presidenciales, quienes han expresado su rechazo y han prometido la expulsión inmediata, pues es un tema que hace eco en la población. Sin embargo, en sus planes de gobierno no se aborda la situación migratoria ni las necesidades de los foráneos.
En este campaña, los candidatos han tenido expresiones xenófobas, como es el caso de Hernando de Soto, del partido Avanza País, quien en su participación en el último debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones aseguró que en un eventual gobierno suyo no dejará entrar al país “a delincuentes ni a los pobres de otros países” y que los extranjeros de escasos recursos son responsabilidad de “sus gobiernos” y no del Perú.
“Hemos iniciado conversaciones con ONU para vigilar las fronteras con respeto a los derechos Humanos y no dejaremos entrar ni a delincuentes ni a los pobres de otros países. Que se ocupen sus gobiernos de ellos, nosotros nos ocuparemos de los nuestros”, señaló De Soto.
Candidatos plantean deportaciones
Por otro lado, candidatos como Daniel Salaverry, de Somos Perú, aseguran que desde el 28 de julio darán un plazo perentorio para que los 500 mil extranjeros que se encuentran de forma irregular en el país “se pongan a derecho, de lo contrario con el apoyo de las Fuerzas Armadas se los va a deportar en el acto”.
En tanto, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, también se muestra de acuerdo con “expulsar a todo extranjero que cometa delito”. Sin embargo, en su plan de gobierno hace una mención mínima para esta población.
En este refiere promover la regularización de los extranjeros con miras al 2026 con el objetivo de que tengan una calidad migratoria que les permita contribuir de manera económica al país.
Otros candidatos como Alberto Beingolea, del Partido Popular Cristiano (PPC), proponen enviar a los delincuentes extranjeros a cárceles de extrema seguridad como Challapalca (Tacna) y luego expulsarlos.
Del total de denuncias solo el 1.8% involucra venezolanos
Hay que recordar que los delitos cometidos por los extranjeros representan una mínima parte del total. Según el Ministerio del Interior, de las 730.000 denuncias recibidas en el 2019, solo el 1,8% involucraba a venezolanos.
Además, una investigación del Migration Policy Institute, de setiembre del 2020, señala que la migración llanera no conduce a un aumento de la delincuencia en el Perú y que en el 2019 el 1,3% de los presos son extranjeros (incluyendo los de ese país y de otras nacionalidades); mientras que los venezolanos representan el 2,9 % de la población total del país.
La izquierda peruana representada por la candidata Verónika Mendoza, de Juntos por el Perú, también está a favor de la expulsión de los extranjeros y una fiscalización más rigurosa en las fronteras.
Así, ante los millones de venezolanos que huyeron de la crisis económica, producto de la dictadura de Nicolás Maduro, Mendoza señaló este último viernes que de ser elegida deberá buscarse interlocutores para hallar una solución.
“En la práctica y en la realidad, el interlocutor con el que habrá que impulsar este proceso de diálogo para poder salir de esta crisis (es Maduro), junto con convocar a todos los sectores de la oposición”, señaló la candidata a la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP).
Actualmente, la población venezolana en el Perú es de más de un millón de ciudadanos; sin embargo, la mitad no tiene una situación regular.
A setiembre del 2020 había unos 496 095 solicitantes de refugio, de acuerdo a la Plataforma R4V, del Acnur.
Hay que recordar que dicha plataforma incluye solo cifras de fuentes oficiales, que no siempre muestran a las personas con ingreso irregular.
Sin registro no habrá vacunación
Sin ningún registro, ellos siguen siendo invisibles, sobre todo para la vacunación contra el Covid-19 que el Gobierno planea emprender para ellos.
La Superintendencia Nacional de Migraciones implementó un registro de personas extranjeras que se encuentran en el país de manera irregular. El plazo es hasta el 7 de abril.
A la fecha, más de 350.000 migrantes (la mayoría venezolanos) completaron el registro.
El padrón de Migraciones servirá para la inoculación de los extranjeros. Para el Minsa, proteger al migrante es proteger al país.
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