Jorge Gabino González
Escritor, articulista, profesor de Lengua y Literatura
El anuncio de la suspensión, intempestiva, de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María anunciado por el Ejecutivo no solo ha puesto en justificable alerta a economistas, inversionistas y demás entendidos en la materia, que, por obvias razones, ven con preocupación creciente el que se dé marcha atrás en la suscripción de un contrato de la envergadura del celebrado entre el Estado peruano y la empresa Southern Copper Perú, sino que además vuelve a poner en discusión un tema que, por sus resonancias siniestras provenientes del oscuro y deleznable pasado fujimorista, debería hacer que no nos tomemos tan a la ligera la puesta en práctica (lamentablemente hoy bastante común ya, como si, para variar, no hubiésemos aprendido la lección) de un modus operandi que a buen seguro linda con el delito, y al que, por ello mismo, deberíamos condenar viniera de donde viniese. Máxime si este podría estar proviniendo de altos funcionarios y autoridades que, por su misma condición de tales, deberían estar exentos de su comisión.
Hablamos, naturalmente, de la grabación oculta, subrepticia, velada, de vídeos y audios (sobre todo de estos últimos), con la única y condenable y evidente intención de hacerse de un “arma”, de procurarse de una suerte de as bajo la manga, que, llegado el momento, se podrá utilizar (por lo general mutilando y distorsionando escandalosamente el contenido de lo grabado) en contra de quien resulte la ocasional víctima. Práctica infame, y, como se dijo, lindante en el delito en el que habrían incurrido (ya se verá si de manera concertada o no; claro, si alguien pone “interés” en investigarlo, que lo dudamos) algunos de quienes participaron de la reunión de diálogo suscitada entre el Ejecutivo y las autoridades de Arequipa, dizque con miras a solucionar el conflicto social que se venía presentando en la provincia de Islay.
Lo preocupante del asunto es que, lejos de que la prensa, la llamada clase política o incluso la misma población en general le dieran la importancia del caso a lo que se había hecho con nadie más y nadie menos que el mismísimo presidente de la República (que no se ha grabado sin su consentimiento a cualquier hijo de vecino, sino a nuestro primer mandatario; y no lo ha hecho cualquier hijo de puta chuponeador fujimontesinista, sino altas autoridades de la tierra del Misti), en lo que se ha puesto el énfasis, más bien, ha sido en si Martín Vizcarra adelantó opinión o no, esto es, pactó o no, respecto de algo que por lo demás ni siquiera le correspondía, al señalar que ya todos sabían que estaba de acuerdo con que se suspendiera la actividad dicho proyecto minero.
Con todo y con ello, el presidente Vizcarra podrá haberse equivocado en su proceder para con los arequipeños, pues es obvio que no le correspondía hacerles el tipo de ofrecimientos que todo hace indicar que les hizo, por cuanto ello iba más allá de sus competencias; podrá haber servido el audio de marras para mostrarnos, una vez más, el grado de precariedad e incompetencia del presente Gobierno, sobre todo en lo que toca al manejo de los conflictos sociales resultantes de la falta de la llamada “licencia social” para la ejecución de ciertos proyectos de inversión; pero lo que se encuentra fuera de toda discusión, y que no se puede aceptar en modo alguno, es que con el argumento estulto de que “el fin justifica los medios”, tengamos que tolerar y, en algunos casos, hasta justificar, lo perpetrado por quienes, con total y evidente alevosía, le tendieron una emboscada para sonsacarle “algo” con que después pudieran coaccionarlo.
Por lo pronto, el presidente Vizcarra ha salido a pronunciarse como sigue: “Este gobierno no hace pactos bajo la mesa, este gobierno no necesita sentencias como se ha negociado en el pasado. Este gobierno tampoco tiene arreglos ni recibe presiones en salitas del SIN. Este gobierno es muy diferente, todo lo hace con transparencia, con acuerdos, sobre la mesa”. Puede que tenga razón. Que su Gobierno no haga nada de eso. Pero también es cierto que, para completar la enumeración realizada por el presidente, este Gobierno tampoco hace grandes esfuerzos por meter menos las cuatro patas; que este Gobierno parece estar especializándose cada vez más en eso de andar disparándose a los pies; que este Gobierno necesita con urgencia que los peruanos le hagamos el favor de que, a través de un referendo, lo enviemos también a su casa. Porque queda claro que, si bien aún no hemos caído en un total desgobierno, vamos camino de ello. Y tratándose de nuestro país, ello es equivalente a estar marchando en línea recta hacia un abismo. Abismo del que no faltarán advenedizos que nos juren y rejuren que harán todo para sacarnos en las próximas elecciones generales.
