La inseguridad se ha convertido en un lastre de dimensiones macroeconómicas para América Latina y el Caribe, según un reciente informe del Banco Mundial. El crimen organizado y la violencia, lejos de ser problemas aislados, están frenando el desarrollo y comprometiendo el futuro económico de la región. Esta situación ocurre en un contexto donde la desigualdad social persiste, la corrupción erosiona la confianza en las instituciones y la presencia del Estado es débil en zonas clave, factores que contribuyen a un caldo de cultivo ideal para la expansión de las actividades ilícitas.
Según la investigación publicada por El Comercio, el nuevo Reporte Económico de América Latina y el Caribe (LACER) del Banco Mundial, titulado “Crimen Organizado y Violencia en América Latina y el Caribe”, pone de manifiesto la urgente necesidad de abordar este problema de manera integral, destacando que el impacto del crimen organizado trasciende la seguridad pública, afectando directamente las perspectivas de crecimiento económico de la región, que se proyecta en un 2,1% para 2025 y un 2,4% para 2026, situándola como la de menor dinamismo a nivel global.
El informe del Banco Mundial identifica varios catalizadores del auge del crimen organizado en la región. Entre ellos, destaca la creciente demanda mundial de bienes ilegales, como drogas y minerales extraídos ilegalmente, que financian y fortalecen a los grupos criminales. Además, las intervenciones gubernamentales que buscan desmantelar redes criminales a menudo resultan en la fragmentación de estas, generando nuevas estructuras más descentralizadas y difíciles de controlar. A esto se suma el impacto de la pandemia de COVID-19, que permitió a los grupos criminales consolidar su poder en áreas con escasa presencia estatal, aprovechando la crisis para expandir su influencia y control territorial. Se estima que el costo del crimen en América Latina y el Caribe podría alcanzar hasta el 3.5% del PIB regional, considerando gastos en seguridad, pérdidas por extorsión y el impacto en la inversión.
Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, enfatiza la naturaleza transnacional de este problema, afirmando que «el crimen organizado está proliferando rápidamente en toda la región, trascendiendo las fronteras nacionales y convirtiéndose en una amenaza generalizada». En este sentido, hace un llamado a un diálogo regional y global para impulsar soluciones y movilizar recursos y conocimientos de manera coordinada. La respuesta, según el Banco Mundial, requiere una estrategia multifacética que combine el fortalecimiento de las instituciones estatales con políticas de desarrollo social que aborden las causas profundas de la criminalidad, como la falta de oportunidades y la exclusión social.
El informe detalla cómo la inseguridad afecta el crecimiento económico al generar incertidumbre en torno a los derechos de propiedad, aumentar los costos de transacción para las empresas y socavar la competitividad. La extorsión, por ejemplo, se ha convertido en una práctica común que afecta a pequeños y medianos empresarios, obligándolos a pagar «vacunas» a cambio de protección, lo que reduce sus márgenes de ganancia y desincentiva la inversión. Asimismo, el desvío de recursos públicos hacia la seguridad, en detrimento de servicios esenciales como la salud y la educación, impone una carga adicional a países que ya enfrentan problemas de deuda y limitaciones fiscales. Se calcula que la tasa de homicidios en la región es cuatro veces superior al promedio mundial, lo que refleja la gravedad de la situación.
William Maloney, economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, advierte que «combatir la delincuencia organizada no es solo una cuestión de aplicación de la ley; es una prioridad de desarrollo». Subraya que la delincuencia organizada debilita la gobernanza, distorsiona la inversión y exacerba la desigualdad, por lo que es crucial abordar este problema de manera urgente para evitar que se convierta en un obstáculo permanente para el crecimiento. El Banco Mundial plantea la necesidad de fortalecer la capacidad del Estado para combatir el crimen organizado, a través de reformas policiales, la mejora de los sistemas penitenciarios y el fortalecimiento de los procesos judiciales. Para ello, es fundamental contar con instituciones sólidas y bien equipadas que puedan hacer frente a la complejidad de este desafío. La inversión en programas de prevención del delito y reinserción social también son consideradas claves para abordar las causas estructurales de la criminalidad.
Finalmente, el informe destaca la importancia de generar estudios a largo plazo para orientar la acción gubernamental, señalando que la falta de datos periódicos y comparables dificulta el diseño de políticas eficaces. La recopilación y el análisis de información precisa y actualizada son fundamentales para comprender las dinámicas del crimen organizado y evaluar el impacto de las políticas implementadas. El Banco Mundial propone la creación de observatorios regionales que permitan monitorear la evolución del crimen organizado y facilitar el intercambio de información entre los países de la región, incentivando la coordinación de esfuerzos y la adopción de mejores prácticas.
