Avelino Guillén, exfiscal que investigó a Alberto Fujimori, criticó duramente las recientes medidas promovidas por el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, comparándolas con las políticas del régimen de los años 90 de Fujimori. Según Guillén, el Ejecutivo busca otorgar impunidad a militares y policías a través de proyectos de ley como el de «terrorismo urbano», que además amenaza la libertad de protesta y limita las investigaciones fiscales hacia altos funcionarios.
En una entrevista con Ojo Público, recogida por La República y escrita por Pamela Arroyo, Guillén calificó las políticas actuales como “medidas demagógicas y populistas” que buscan aparentar un combate efectivo contra la criminalidad. Sin embargo, el exfiscal asegura que, en realidad, las acciones del Gobierno están protegiendo a delincuentes y debilitando la persecución de crímenes como la extorsión, que afecta gravemente a sectores vulnerables como el transporte y los negocios pequeños. “Jamás imaginé que esto llegaría a tales extremos”, declaró Guillén, resaltando las similitudes con el sistema que imperó durante la década de Fujimori.
Críticas a la Ley 32108 y sus consecuencias
Guillén también apuntó contra la Ley 32108, que modificó la legislación contra el crimen organizado. Según el exfiscal, esta norma ha excluido de su alcance delitos menores a seis años de pena, como la extorsión, lo que deja desprotegidos a aquellos sectores más afectados por esta práctica. Además, denunció que esta ley ha servido como represalia contra el Ministerio Público, limitando su capacidad de investigar a altos funcionarios y congresistas involucrados en casos de corrupción.
Guillén explicó que uno de los primeros pasos en este proceso fue la desactivación del equipo policial que apoyaba a la fiscal Marita Barreto en investigaciones sensibles, como el caso «Los Waykis en la sombra», que implicaba a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta. Según Guillén, la serie de normas aprobadas recientemente busca proteger a figuras vinculadas al Ejecutivo y al Legislativo, debilitando la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Propuestas de solución
Para Guillén, la solución a esta problemática pasa primero por derogar la Ley 32108, una postura que comparte con el Colegio de Abogados de Lima. Asimismo, el exfiscal señaló la necesidad de realizar una profunda depuración de la Policía Nacional del Perú, institución que, según él, no está en condiciones de combatir el crimen debido a la infiltración de corrupción y abusos dentro de sus filas.
Finalmente, Guillén criticó la propuesta de juzgar a militares y policías en el fuero militar en casos de abuso de autoridad o violaciones a los derechos humanos, argumentando que estos son delitos comunes que deben ser juzgados por tribunales civiles. “El hecho de que sea militar o policía no lo exonera de su responsabilidad por el delito que ha cometido”, subrayó el exfiscal, advirtiendo que aprobar este tipo de normativas representa un grave retroceso en el sistema de justicia y la protección de los derechos humanos.
