El próximo jueves 9 de enero, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema analizará si ratifica la decisión del juez supremo Juan Carlos Checkley Soria de apartarse de la investigación contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, quien enfrenta acusaciones por presunto abuso de autoridad. Según explicó el juez en una resolución emitida el pasado 15 de octubre de 2024, ambos están representados por el mismo estudio de abogados, lo que podría comprometer su imparcialidad. Esta información fue reportada por Mariana Quilca Catacora para Infobae Perú.
La resolución del magistrado busca garantizar el derecho a un juicio justo, preservando la imparcialidad del proceso judicial. “El principio de imparcialidad es fundamental para asegurar la transparencia y el respeto a los derechos de las partes procesales”, explicó el juez en el documento presentado. Sin embargo, la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal ha solicitado que se rechace su inhibición, argumentando que ello retrasará aún más el proceso. Por su parte, la defensa del ministro Santiváñez no mostró oposición a esta medida.
El origen de la denuncia
La investigación contra Santiváñez tiene como base audios y mensajes de WhatsApp filtrados por el capitán de la Policía Nacional del Perú (PNP), Junior Izquierdo Yarlaqué, conocido como ‘Culebra’. Estos materiales, entregados al Ministerio Público, revelan presuntos intentos del ministro por “controlar” a periodistas y represalias contra agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Izquierdo, quien mantuvo una relación cercana con Santiváñez antes de que asumiera como ministro, decidió grabar conversaciones con él luego de percibir un cambio en su postura. “Fue en ese momento que decidí registrar las reuniones, anticipando lo que podría ocurrir”, explicó el oficial en una entrevista previa.
En uno de los audios, el ministro habría hablado de un presunto encubrimiento a Vladimir Cerrón por parte del gobierno de Dina Boluarte, y se refirió al vehículo presidencial como “el cofre”. Además, en los mensajes se menciona el desmantelamiento de la Diviac y el retiro de oficiales como el coronel Harvey Colchado, quienes investigaban a familiares del ministro.
El papel del juez Checkley Soria
La controversia en torno al juez Juan Carlos Checkley surge porque su defensa en otra investigación está a cargo del mismo estudio de abogados que representa al ministro Santiváñez. Según verificó el propio magistrado, esta relación profesional podría poner en entredicho su imparcialidad en el caso.
Aunque el juez solicitó su apartamiento del proceso, algunos sectores consideran que esta decisión responde a una estrategia del ministro para dilatar las investigaciones. José Carlos Mejía Chávez, abogado del capitán Junior Izquierdo, señaló: “Santiváñez ha conseguido retrasar al menos 110 días de los 240 que dura la investigación preliminar. Esto incluye la inhibición del juez Checkley y del juez César San Martín, ambos vinculados al mismo estudio de abogados que lo representa”.
El abogado también emplazó al ministro a someterse a una prueba de voz como parte del peritaje judicial, un paso que considera fundamental para verificar la autenticidad de los audios presentados. “El que nada debe, nada teme. Es preocupante que el ministro haya presentado un peritaje independiente realizado por un especialista no capacitado, lo que pone en riesgo la búsqueda de la verdad”, agregó Mejía Chávez.
La estrategia de defensa del ministro
Desde que surgieron las acusaciones, el ministro Santiváñez ha negado la autenticidad de los audios y mensajes filtrados, calificándolos como fabricaciones sin sustento. Sin embargo, hasta el momento, el Poder Judicial no ha autorizado las pericias técnicas sobre el material presentado por ‘Culebra’.
A pesar de las denuncias, Santiváñez continúa en su cargo como ministro del Interior, lo que ha generado cuestionamientos desde diversos sectores políticos y sociales. Según una reciente encuesta de Ipsos Perú, el 80% de los encuestados considera que el ministro debería renunciar, ya que su permanencia afecta la imagen del gobierno y la confianza en las instituciones.
Implicaciones políticas y judiciales
La dilación en el proceso no solo afecta el curso de las investigaciones, sino que también pone en tela de juicio la independencia de las instituciones judiciales. Para algunos analistas, este caso evidencia las fallas en el sistema de justicia, donde relaciones profesionales y estrategias legales pueden entorpecer la búsqueda de la verdad.
Mientras tanto, el próximo 9 de enero será clave para determinar si el juez Checkley continuará en el caso o si otro magistrado asumirá la investigación. Esta decisión podría marcar un precedente sobre cómo manejar conflictos de interés en casos de alto perfil, especialmente cuando involucran a figuras políticas de relevancia nacional.
