El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras la difusión de audios que lo vinculan con presuntas irregularidades. Según un informe publicado por Hildebrandt en sus Trece y basado en grabaciones proporcionadas por la exfuncionaria Yaziré Pinedo, Otárola habría ofrecido un Contrato Administrativo de Servicios (CAS) a su entonces pareja y prometido influir para despedir a una funcionaria del Ministerio de Defensa.
Las grabaciones y el presunto ofrecimiento de un puesto CAS
De acuerdo con Pinedo, quien trabajaba en el Ministerio de Defensa desde febrero de 2023 como locadora de servicios, los audios revelan conversaciones en las que Otárola habría asegurado que gestionaría un puesto CAS para garantizarle estabilidad laboral.
En uno de los diálogos filtrados, Otárola supuestamente comentó:
“Voy a hacer que te den un CAS para que estés más segura, ¿ya? Un CAS es mucho más seguro, porque ahorita tu locación de servicio, claro, es algo temporal.”
Estas conversaciones surgen en un contexto en el que Pinedo alegaba tener conflictos con sus colegas y mencionaba sentirse perjudicada por la jefa de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa. Según los audios, Otárola habría prometido intervenir para que esta funcionaria fuera retirada de su cargo. No obstante, la promesa nunca se concretó, ya que la funcionaria dejó de asistir a su puesto.
Pinedo, quien según el semanario obtuvo dos contratos que sumaron 53.000 soles durante su tiempo en el Ministerio, se desempeñaba en tareas administrativas relacionadas con la organización de expedientes.
Un viaje polémico a Áncash
Otro de los audios revelados incluye una conversación entre Otárola y su entonces asesora de comunicaciones, Karina Quinde Mogollón. La charla giró en torno a un viaje a Chimbote junto a las congresistas Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Nilza Chacón (Fuerza Popular).
En el diálogo, Otárola menciona la coordinación de vehículos y barras bravas para el recibimiento:
“Nilza se llama la congresista, dice que va a llevar tres camionetas con una batería de barras, unas barras bravas, ¿ya? Al aeropuerto.”
Según el portal El Peruano, el viaje efectivamente se llevó a cabo el 16 de marzo de 2023. La comitiva, que incluyó a la exministra de Transportes y Comunicaciones, Paola Lazarte, llegó a Áncash para entregar seis toneladas de alimentos y ayuda humanitaria debido a las emergencias climáticas por lluvias e inundaciones.
El semanario sugiere que las “barras bravas” mencionadas en los audios podrían ser portátiles organizadas para generar un buen recibimiento a las autoridades, una práctica que ha sido cuestionada por su uso político.
Reacciones a las revelaciones
Las grabaciones han reavivado las críticas hacia Alberto Otárola, quien ya enfrentó cuestionamientos durante su gestión en el Consejo de Ministros. Organizaciones de transparencia y analistas políticos han expresado su preocupación por lo que califican como un uso indebido de su influencia en cargos públicos.
“Este tipo de prácticas dañan la confianza en las instituciones y representan un retroceso en la lucha contra el nepotismo y la corrupción,” señaló un experto en gobernanza entrevistado para este artículo.
Por su parte, Otárola no ha emitido comentarios oficiales tras la publicación de los audios. Sin embargo, fuentes cercanas al exfuncionario han señalado que evalúa medidas legales contra las acusaciones.
Un patrón de irregularidades
La revelación de los audios no es un caso aislado, sino que se suma a una serie de cuestionamientos sobre el manejo de recursos y relaciones personales en la política peruana. Los expertos coinciden en que este tipo de denuncias refleja una falta de regulación y supervisión en la designación de contratos y el uso de recursos públicos.
Las autoridades competentes deberán investigar el caso a fondo para determinar si se infringieron normativas de contratación pública o si hubo tráfico de influencias en las decisiones tomadas por Otárola durante su tiempo como premier.
El impacto político
Estas denuncias llegan en un momento delicado para el Gobierno de Dina Boluarte, cuya gestión ya enfrenta tensiones con el Congreso y un descontento generalizado en la población. El caso de Otárola añade presión al Ejecutivo, especialmente por las implicancias de nepotismo y uso indebido de recursos estatales.
La imagen del exfuncionario, que ocupó un puesto clave en el gabinete de Boluarte, podría influir en la percepción pública sobre la capacidad del Gobierno para manejar la crisis de corrupción que afecta al país.
