El Gobierno peruano desplegó esta semana al Ejército para vigilar los pasos fronterizos con Ecuador y disuadir así la inmigración ilegal. En este sentido Amnistía Internacional pidió retirar las tropas ya que podría representar un grave riesgo para los derechos humanos.
«Militarizar la frontera en Perú representa un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes» y «sienta un nefasto precedente», por lo que «exhortamos al presidente Francisco Sagasti a limitar el uso de militares en labores de control migratorio y evitar una tragedia», escribió en su cuenta oficial de Twitter Erika Guevara, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
De acuerdo a su declaración, el uso de personal militar para labores de control migratorio supone «un grave riesgo para los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Prueba de ello es el caso reciente ocurrido en la fronteriza Tumbes, en el que soldados peruanos dispararon armas de fuego al aire para dispersar personas indefensas, entre ellos niños y niñas».
Guevara dijo que esto no solo contraviene la normativa internacional y peruana sobre empleo de la fuerza y armas de fuego, sino que siembra el pésimo precedente de usar armas de este tipo para intimidar a la población que tiene derecho a buscar protección internacional».
Además, exigió a las autoridades del Perú «investigar y juzgar este tipo de hechos para que no se repitan».
«Asimismo, deben limitar el uso de las fuerzas armadas en actividades de gestión migratoria con el fin de evitar una tragedia» y «actuar conforme a los estándares internacionales, brindando protección a quienes la necesitan», urgió.
