El expresidente Pedro Castillo podría ser inhabilitado por diez años para ejercer cargos públicos, tras la presentación de una denuncia constitucional en su contra por parte del congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular. Según un informe de Valeria Mendoza Talledo para Infobae, la acusación señala a Castillo y a varios de sus exministros por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Entre los exministros implicados se encuentran Betssy Chávez, Willy Huerta, Roberto Sánchez y Gustavo Bobbio.
“Tal como lo hice contra el golpe de Estado de Vizcarra, he presentado una denuncia constitucional por infracción a la Constitución (juicio político) contra el expresidente Pedro Castillo y sus ministros, a fin de que sean inhabilitados por diez años para ejercer cualquier cargo público,” publicó Muñante en su cuenta de X (antes Twitter).
El parlamentario subrayó que, aunque Castillo y otros involucrados se encuentran actualmente en prisión preventiva por delitos como rebelión, esta medida no los excluye de postularse a cargos públicos en futuras elecciones, lo que calificó como un riesgo para la democracia peruana.
“Menos aún si es que hasta la fecha no cuentan con sentencia firme, lo cual sería peligroso para la democracia. Gregorio Santos o el constituyente Genaro Ledesma son solo algunos casos de personas encarceladas postulando a un cargo de elección popular,” agregó Muñante.
Contexto del golpe de Estado y la denuncia
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo emitió un mensaje a la Nación en el que anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de emergencia. Este acto fue interpretado como un intento de golpe de Estado y provocó una crisis política que culminó con su detención y la designación de Dina Boluarte como presidenta de la República.
El Tribunal Constitucional (TC) confirmó que el mensaje de Castillo constituyó un intento de golpe de Estado, calificándolo como la instauración de un gobierno de facto. “No fue una mera proclama, sino una clara acción para quebrantar el orden constitucional,” señaló el máximo órgano constitucional.
La denuncia constitucional presentada por Alejandro Muñante también incluye a los exministros mencionados por su rol en los hechos, y se les atribuyen infracciones a diversos artículos de la Constitución, entre ellos el 2, 38, 39, 45, 46, 51, 90, 93 y 102. El caso será evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
La estrategia detrás de la denuncia
El objetivo principal de la denuncia es garantizar que Castillo y su equipo sean inhabilitados por diez años, para impedir que puedan participar en procesos electorales o ocupar cargos públicos en el futuro. “Es fundamental cerrar cualquier posibilidad de que personas que atentaron contra la democracia vuelvan a tener acceso al poder,” destacó Muñante.
El congresista también recordó que el Tribunal Constitucional respaldó las medidas adoptadas por el Congreso durante la crisis política de 2022 y exhortó a las autoridades a sancionar a los responsables de estos actos.
“El quebrantamiento del orden constitucional ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional, calificándolo como una instauración de un gobierno de facto,” detalla el documento presentado por Muñante.
Implicaciones para los exministros
Además de Castillo, la denuncia también busca responsabilizar a sus principales colaboradores en el fallido golpe de Estado:
- Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de Ministros.
- Willy Huerta, exministro del Interior.
- Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y Turismo.
- Gustavo Bobbio, exministro de Defensa.
A todos ellos se les acusa de haber infringido varios artículos de la Constitución y de haber contribuido a la alteración del orden democrático. De ser declarados culpables, también enfrentarían una inhabilitación de diez años.
Riesgos para la democracia
Muñante advirtió que el hecho de que Castillo y sus exministros se encuentren en prisión preventiva no significa que estén fuera del juego político. Según el congresista, el sistema democrático peruano ha permitido que personas con procesos penales en curso o incluso condenas puedan postularse a cargos públicos, un vacío legal que debe ser resuelto.
“Es peligroso permitir que personas implicadas en delitos graves puedan participar en elecciones sin haber sido sancionadas de manera definitiva,” afirmó.
El parlamentario recordó casos como el de Gregorio Santos y el constituyente Genaro Ledesma, quienes, a pesar de estar involucrados en investigaciones penales, participaron en procesos electorales.
Reacciones políticas y análisis
La denuncia de Alejandro Muñante ha generado opiniones divididas en el Congreso y en el ámbito político. Mientras algunos respaldan la medida como una forma de proteger la democracia, otros la ven como un intento de politización de la justicia.
Un analista político consultado por Infobae señaló: “Este tipo de denuncias son importantes para sentar precedentes, pero también es necesario garantizar que el proceso sea imparcial y que no se convierta en una herramienta de persecución política.”
Por su parte, los abogados defensores de Castillo y sus exministros han rechazado la acusación, argumentando que las acciones del 7 de diciembre de 2022 no constituyeron un golpe de Estado, sino una medida dentro de la crisis política.
“La defensa sostiene que el mensaje de Castillo fue una respuesta a las constantes obstrucciones del Congreso y no un intento deliberado de tomar el poder por la fuerza,” indicó uno de los representantes legales.
El rol de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
El siguiente paso en este proceso será la evaluación de la denuncia por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar un juicio político contra los acusados.
La subcomisión tendrá que analizar las pruebas presentadas, entre las que se encuentran registros audiovisuales, declaraciones y documentos que respaldan la acusación. De ser aprobada, la denuncia pasará al pleno del Congreso para su debate y votación final.
