El Ministerio Público ha anunciado su intención de interponer una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que ofrece impunidad en casos de delitos de lesa humanidad, una medida impulsada por congresistas de Fuerza Popular y Honor y Democracia. Sin embargo, según los abogados constitucionalistas Heber Campos y Beatriz Ramírez, el éxito de esta acción ante el Tribunal Constitucional (TC) es incierto debido a la actual composición del TC, elegido por el Congreso.
Para que la demanda sea declarada fundada, se requieren cinco de los siete votos del TC, una mayoría calificada que, según los expertos, es improbable de obtener con los magistrados actuales. Campos subrayó que, si la demanda no prospera, los jueces no podrán ejercer el control difuso sobre esta ley, lo que significa que estarán obligados a aplicarla, incluso si consideran que viola la Constitución.
Ramírez advirtió que un fallo favorable a la ley podría contravenir los compromisos internacionales de Perú en materia de derechos humanos, señalando que ya ha ocurrido en otros casos, como la contrarreforma universitaria. Ante esta situación, ambos expertos sugieren que una alternativa sería que el Poder Judicial inaplique la ley en casos concretos o que un futuro Congreso la derogue.
El Ejecutivo, por su parte, ha optado por distanciarse de la controversia. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, afirmó que la ley fue promulgada por el Congreso y que el Gobierno simplemente cumple con las normas.
