El primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, anunció que el Gobierno evaluará nuevas estrategias para deportar a ciudadanos venezolanos que cometan delitos en el país. “Vamos a tener que buscar fórmulas más creativas para ver cómo los sacamos del país”, declaró el jefe del gabinete ministerial, haciendo referencia a las dificultades existentes para expulsar a estos ciudadanos.
El principal obstáculo en este proceso es la negativa del régimen de Nicolás Maduro a recibir a sus compatriotas deportados. “Lamentablemente, el Gobierno que actualmente se mantiene en Venezuela no recibe a sus ciudadanos, entonces vamos a tener que buscar fórmulas más creativas para ver cómo los sacamos del país”, detalló Adrianzén durante una conferencia de prensa en Lambayeque. Según Martín Tumay Soto para Infobae.
Las relaciones diplomáticas entre Perú y Venezuela han sido tensas en los últimos meses. En julio de 2024, el Gobierno peruano desconoció los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas, calificándolas de fraudulentas, y reconoció al opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo. En respuesta, el régimen de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Perú y expulsó a sus representantes diplomáticos.
A pesar de estas dificultades, el primer ministro aseguró que el Ejecutivo mantendrá su política de expulsión. “Seguiremos con la política de deportación para aquellos criminales que cometan actos ilícitos en nuestro país. No solo en Lima o Arequipa, sino también en Lambayeque y cualquier otra región. Serán deportados igualmente”, enfatizó.
Compromiso con el desarrollo de las regiones fronterizas
El pronunciamiento de Adrianzén se dio en el marco de su participación en la Mesa Municipal “Fortaleciendo la Gestión Descentralizada – Agenda 2025”, organizada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Este encuentro reunió a más de 145 alcaldes distritales de Lambayeque, Piura, Tumbes, Amazonas y Cajamarca, con el objetivo de discutir medidas para impulsar el desarrollo en las regiones fronterizas.
En su intervención, el jefe del gabinete reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la descentralización y la inversión en estas zonas. “Soporte técnico y fortalecimiento institucional es lo que les vamos a brindar”, afirmó, explicando que el Gobierno implementará medidas para acelerar la transferencia de recursos a las municipalidades, permitiendo así una mejor ejecución presupuestaria en proyectos de inversión pública.
Asimismo, recalcó que la prioridad del Gobierno es fomentar la inversión privada para dinamizar la economía y generar empleo. “Esto es lo que necesitamos para dinamizar nuestra economía: traer trabajo y desarrollo para todos”, puntualizó.
El evento contó con la presencia de autoridades locales, así como del gobernador regional de Lambayeque, Jorge Pérez, y de ministros de diversas carteras, como Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Transportes y Comunicaciones.
Defensa de la gestión de Dina Boluarte
En otro momento, el primer ministro defendió a la presidenta Dina Boluarte, quien enfrenta cuestionamientos por un presunto desbalance patrimonial. Adrianzén desestimó las acusaciones, asegurando que “la presidenta ha presentado sus declaraciones juradas con rigurosidad, y todo lo consignado en ellas puede documentarse y probarse”.
El premier calificó de falsas las denuncias y señaló que provienen de sectores que buscan desacreditar a la mandataria. “Esa noticia es tendenciosa, falsa, un refrito basado en la mentira y proviene del mismo operador que sistemáticamente difunde este tipo de información”, declaró.
Asimismo, argumentó que los malos funcionarios públicos suelen evitar la presentación de declaraciones juradas, mientras que Boluarte ha cumplido con este requisito. “Los malos funcionarios ni siquiera presentan declaraciones juradas ni serían capaces de declarar lo que hacen de manera indebida. En el caso de la presidenta, no hay irregularidades y ella puede demostrar la veracidad de la información contenida en sus documentos”, agregó.
El crecimiento patrimonial de Boluarte bajo la lupa
A pesar de la defensa del primer ministro, la Contraloría General de la República ha identificado un incremento significativo en el patrimonio de Dina Boluarte. Según un informe al que accedió Canal N, el patrimonio de la presidenta aumentó en S/ 631.752,93 entre 2021 y 2024, periodo en el que ocupó los cargos de vicepresidenta, ministra de Desarrollo e Inclusión Social y presidenta de la República.
Este aumento ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la gestión de la mandataria, aunque hasta el momento no se han presentado pruebas que confirmen un presunto enriquecimiento ilícito.
La crisis migratoria y el desafío de las deportaciones
El problema de la migración venezolana y su impacto en la seguridad pública es un tema recurrente en el debate político peruano. Según cifras oficiales, en el Perú residen más de 1.5 millones de ciudadanos venezolanos, de los cuales un porcentaje se encuentra en situación irregular.
El Gobierno ha implementado operativos para identificar y sancionar a ciudadanos extranjeros que cometan delitos en el país. Sin embargo, la negativa del régimen de Maduro a recibir a sus connacionales deportados ha complicado el proceso.
Ante esta situación, las autoridades peruanas buscan acuerdos con terceros países o estrategias alternativas para ejecutar las expulsiones de manera efectiva. Aunque no se han detallado las medidas específicas que se adoptarán, el Ejecutivo ha ratificado su compromiso de mantener una política estricta en esta materia.
Conclusión
El anuncio de Gustavo Adrianzén sobre la deportación de venezolanos que cometan delitos refleja la compleja situación migratoria y diplomática que enfrenta el Perú. La falta de cooperación del régimen de Maduro, sumada a las tensiones políticas entre ambos países, dificulta la implementación de medidas efectivas para controlar la migración irregular y garantizar la seguridad ciudadana.
A la par de esta problemática, el Gobierno sigue enfrentando críticas por la situación económica del país y por las acusaciones contra la presidenta Dina Boluarte. En los próximos meses, se espera que el Ejecutivo tome decisiones clave para abordar estos desafíos y definir el rumbo de su gestión.
