El reconocido juez Richard Concepción Carhuancho enfrenta una denuncia por presunta inconducta funcional en medio de uno de los casos más polémicos y sensibles para la política peruana actual: el proceso contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y su exabogado Mateo Castañeda. Desde agosto, el magistrado está a cargo de la evaluación del pedido de 36 meses de prisión preventiva en el marco de la investigación sobre la presunta organización criminal conocida como “Los Waykis en la sombra”, señalada por manipular cargos públicos a cambio de beneficios económicos.
La denuncia fue interpuesta el pasado 11 de noviembre por el abogado Pedro Joel Lavado Degracia, quien argumenta que Concepción Carhuancho habría vulnerado la ética profesional durante una clase universitaria, al compartir información reservada y calificar a los acusados como “integrantes de una organización criminal”. Este pronunciamiento, según Lavado, constituiría un “adelanto de opinión” y pondría en entredicho la objetividad del juez en el proceso que aún está en curso. Según el informe de Infobae de Mariana Quilca Catacora.
Un cuestionamiento a la imparcialidad judicial
La acusación contra Concepción Carhuancho gira en torno a la presunta falta de objetividad que el magistrado habría demostrado en sus declaraciones académicas. Según Lavado, referirse a los procesados como parte de una “organización criminal” cuando no existe una sentencia firme implicaría una vulneración al derecho de los investigados a un juicio justo. Este “adelanto de opinión”, como se señala en la denuncia presentada ante el Colegio de Abogados de Lima (CAL), podría afectar directamente la imparcialidad del juez en su resolución sobre el caso de los Boluarte y otros involucrados.
El abogado también sostiene que este tipo de expresiones no solo comprometen la credibilidad del sistema de justicia, sino que además “empañan la reputación del Colegio de Abogados de Lima”, al que el juez Carhuancho pertenece. Por ello, Lavado ha solicitado al CAL que investigue la conducta del magistrado y, de ser confirmada la denuncia, proceda con su separación del gremio profesional, una medida que busca resguardar la transparencia en este caso de alto perfil.
¿Una obstrucción en el caso ‘Waykis en la sombra’?
El caso “Waykis en la sombra” involucra a Nicanor Boluarte, señalado por el Equipo de Investigaciones de Casos Complejos y Crimen Organizado (Eficcop) como el presunto líder de una organización dedicada a la designación ilícita de prefectos y subprefectos en distintas regiones del país a cambio de dádivas económicas. La Fiscalía sostiene que esta red buscaba consolidar una base de afiliados para el partido político Ciudadanos por el Perú, mediante el control de prefecturas y la influencia en cargos públicos.
Mateo Castañeda, exabogado de Nicanor Boluarte, es también investigado como parte de esta presunta organización. Según la investigación, Castañeda habría actuado como el brazo legal de la red, brindando apoyo y estrategias jurídicas para eludir los procesos en contra de sus integrantes. Este caso, que ha generado una gran expectativa mediática y política, se encuentra en un momento crucial, ya que la defensa ha solicitado que Concepción Carhuancho sea retirado del proceso debido a la presunta falta de objetividad del magistrado.
Recusación y pedido de retiro del juez
Antes de la denuncia interpuesta esta semana, la defensa de Nicanor Boluarte ya había solicitado la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho. Luis Vivanco, abogado defensor, argumenta que la imparcialidad del juez está comprometida y que su permanencia en el caso podría lesionar el derecho constitucional al debido proceso. En su recurso de recusación, Vivanco sostiene que es imperativo asegurar la neutralidad del órgano jurisdiccional para resolver, de manera justa, el incidente de prisión preventiva que aún se encuentra en fase de evaluación.
El recurso interpuesto busca proteger las garantías procesales de los acusados, señalando que el adelanto de opinión por parte del juez, como sugiere la denuncia de Lavado, podría influir negativamente en el desarrollo del caso y en las decisiones sobre la libertad de los imputados. Con esta solicitud, la defensa espera que otro magistrado, libre de cualquier cuestionamiento de imparcialidad, asuma la evaluación de las pruebas y testimonios presentados.
Repercusiones en la imagen del sistema judicial
La denuncia y el recurso de recusación contra Concepción Carhuancho tienen un peso especial dada la relevancia del caso “Waykis en la sombra”, en el que uno de los implicados es familiar directo de la presidenta Dina Boluarte. Para muchos analistas, este proceso no solo pone a prueba la transparencia del sistema judicial peruano, sino también su capacidad de actuar sin influencias políticas en casos que involucran a personas cercanas al poder.
El Colegio de Abogados de Lima se enfrenta ahora a una encrucijada: deberá decidir si da curso a la investigación solicitada por Lavado y evalúa si las acciones del juez Carhuancho constituyen una falta ética que afecte su credibilidad profesional. Hasta el momento, ni el magistrado ni el CAL han emitido pronunciamientos oficiales sobre la denuncia. Sin embargo, la presión pública para que se aclare la situación va en aumento, ya que muchos consideran que la justicia en este caso debe ser ejemplar para reforzar la confianza ciudadana en sus instituciones.
El siguiente paso: APEC 2024 y el futuro de la política en Perú
La controversia sobre la conducta de Concepción Carhuancho ocurre en un contexto sensible para Perú, que se prepara para recibir a líderes internacionales en la cumbre APEC 2024 en Lima. Este foro será una ventana al mundo y también un escenario en el que se mirarán de cerca las instituciones y procesos judiciales peruanos. Para la administración de Dina Boluarte, el manejo de este caso y la transparencia en el proceso judicial representan una prueba importante de gobernabilidad y de separación de poderes.
El desarrollo del caso “Waykis en la sombra” y las decisiones que se tomen respecto al juez Concepción Carhuancho tendrán un impacto directo en la imagen que proyecte Perú al mundo, y en particular, en su habilidad de manejar casos sensibles sin interferencia ni parcialidad.
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