Cuatro años de cárcel y S/ 6500 de reparación civil
El juez Luis Pasquel del Cuarto Juzgado Unipersonal de Huánuco sentenció a 4 años de prisión efectiva y al pago de S/ 6500 de reparación civil contra el asistente fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Leoncio Prado, Rider Magno Cántaro Ponce.
Según la acusación fiscal, Cántaro Ponce, en julio de 2013 solicitó sistemáticamente hasta S/ 3400 a Tania Mabel Gonzales Durán, para agilizar y formalizar la denuncia que su padre Luis Gonzales Inocente presentó por el delito de usurpación agravada.
La agraviada afirmó que de Lima viajó a Tingo María para ayudar en el proceso a su anciano padre, y cuando acudió a la fiscalía a averiguar sobre el proceso, conoció al asistente fiscal Cántaro Ponce, quién le prometió ayudarla y le solicitó su número de celular.
La acusadora señaló que una semana después el asistente la llamó y le solicitó S/ 500 en efectivo con el pretexto que era para la investigación y para otros gastos como comprar libros. La mujer convencida entregó el dinero a través de su hermano Luis Gonzales Durán, cerca del mercado de Tingo María.
La segunda entrega fue cuando se acercó a averiguar el avance del proceso; entonces el sujeto le hizo señas que la llamaría por el celular, y así lo hizo, para citarla a la cevichería “Lobo Azul” donde le indicó que el doctor Juan Pequeño Morales había recibido S/ 7 mil de la Asociación Paraíso Edén.
Posteriormente, la llevó a un bar en un lugar alejado donde le solicitó S/ 3 mil para pagar a policías y peritos que trabajaban con él; pero cuando le indicó que no tenía plata, molesto le sugirió que debía sacar préstamo y le insistió que le dejara algo de dinero, por lo que ella le dio S/ 120 que era para su pasaje de vuelta a Lima.
La tercera entrega fue de S/ 1000 en la vivienda del asistente fiscal; la cuarta entrega lo hizo con un depósito de S/ 500 a su cuenta bancaria desde la ciudad de Lima; la quinta, cuando nuevamente la citó a su vivienda donde le entregó S/ 300; la sexta fue en el parque Ramón Castilla la suma de S/ 280; la séptima fue de S/ 200 en la agencia de la empresa Bahía Continental en Tingo María; la octava fue de S/ 400 nuevamente en el parque Ramón Castilla; la novena por S/ 80 en su vivienda y la décima S/ 20 también en la vivienda del sujeto.
Al no tener resultados, la mujer le solicitó la devolución del dinero. En un primer momento el acusado aceptó hacer la devolución, pero cuando le insistió la amenazó con hacerle daño, advirtiéndole que conocía personas de mal vivir.
Pese a las evidencias, la Fiscalía de la Nación absolvió de la investigación administrativa disciplinaria, alegando duda razonable, por lo que el sujeto continuó laborando de manera normal.
Sin embargo, el juez encontró pruebas suficientes como el voucher de depósito a nombre del asistente fiscal. Con esta evidencia lo condenó a 4 años de prisión efectiva, cuya ejecución se suspende hasta tener una sentencia firme, mientras tanto cumplirá reglas de conducta.
