Al cierre del 2019, unos 6,6 millones de peruanos (20,2% de la población) se encontraban en la pobreza monetaria según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Con la llegada del COVID-19, el indicador crecería hasta en 10% -3,3 millones- según estimaciones académicas y de la gestión del expresidente Martín Vizcarra, dejando a 9,9 millones en esta complicada situación.
“Se estima que la pobreza debe haber crecido entre un 8% y 10%. No tenemos una cifra exacta, estamos midiendo porque realmente ha crecido más en la zona urbana”, dijo , a fines de agosto, Patricia Donayre, la entonces titular del Midis.
Alto riesgo
A este grupo hay que añadirle un 34% de la población –aproximadamente 11,2 millones- que se encontraba en situación vulnerable –en riesgo de caer en la pobreza monetaria-, según Dante Carhuavilca, jefe del INEI. El economista precisó, durante la presentación de la Estimación de la Vulnerabilidad Económica a la Pobreza Monetaria del INEI, que uno de cada tres peruanos está en el limbo.
Por su parte, Silvana Vargas, actual ministra de Desarrollo, reconoció la enorme dimensión de esta problemática.
En el año prepandemia –acota Vargas– la pobreza monetaria afectó a una de cada cinco personas en el Perú; y en un ejercicio de aritmética simple, cerca del 50% de la población yace en este grupo susceptible que requiere atención prioritaria. En resumidas cuentas, un margen de 17,8 millones llegará a 2021 en la pobreza y/o al borde de esta.
Además, Vargas advirtió que en el sector rural la pobreza y/o vulnerabilidad llegaría a casi el 90%. “Es decir, 9 de cada 10 (peruanos) se encontraría en este grupo de pobreza y económicamente vulnerable”, explicó en el conversatorio.
Descentralizar aspectos
La titular del Midis planteó trabajar durante la transición en imprimir una perspectiva amplia, acogiendo las dinámicas productivas, sociodemográficas e institucionales de cada territorio.
En esta línea, Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, sostuvo que se deben visibilizar los problemas como las brechas de conectividad, la urbana-rural y de género, junto a los de educación y salud, entre otros, para poder solucionarlos.
El sociólogo argumenta que se debe cimentar la equidad, y las cifras del año pasado servirán de base para evaluar los impactos de este.
“El problema del agua no es solamente por sus redes, sino la calidad. Como vemos con el arsénico en algunas zonas rurales. Hay que mirar los escenarios y recuperarlos, analizando y tomando políticas para diversas situaciones y contextos”, concluyó.
Desigualdades
Jenny Calderón, una mujer de Flores de Vista Alegre, una unidad familiar en las alturas de Huáscar (San Juan de Lurigancho), comenta con cierta tranquilidad del desesperado que en estos días están yendo de un lugar a otro buscando cómo parar la olla.
Al inicio de la pandemia, la agrupación lograba preparar una olla común para las 20 familias que integran la localidad, con un pozo de hasta S/ 30, no obstante, el paso de los meses de incertidumbre redujo el compartir hasta a dos veces por semana. “Estamos tratando de sobrellevar la olla. Tratando de sobrevivir y seguimos dándole”, comenta la madre de dos pequeños.
Jenny relata a este medio que el único ingreso fijo en su hogar proviene de su esposo, quien trabaja en el Mercado de Frutas tres veces por semana, y pese a ser beneficiarios del Bono Familiar Universal confiesa que no ha podido cobrar por la modalidad Cuenta DNI debido a la poca claridad con la que el Banco de la Nación la atiende.
Bajo esta línea, el cónyuge de Jenny integra el 94,7% de la población en situación de pobreza que tiene un empleo informal. Desgranando estos indicadores, solamente 5,3% se desenvuelve en un trabajo formal, y respecto al grupo en riesgo, 85,3% labora al margen de la ley.
Para Javier Herrera, investigador y representante del Instituto Francés de Investigación para el Desarrollo (IRD), se debe atacar la inseguridad económica que acarrea a estas familias, las cuales diariamente se preguntan –más con la crisis– qué le darán de comer a sus hijos o si podrán reponerse de este golpe (y del próximo).
Sistema de pensiones
La protección social de las políticas públicas, a su criterio, debe enfocarse en reducir la exposición a eventos como los huaycos, friajes y terremotos. “El lugar donde uno nace muchas veces determina la trayectoria de vida que uno va a tener”, refirió el académico.
Además, cuestionó que no se atienda la amplia desigualdad en el sistema de pensiones donde más de tres cuartos de la población no está afiliada; así como al sistema financiero: solo el 30% accede.
Finalmente, el reporte del INEI destaca que el 54,1% de los peruanos monetariamente pobres se desempeña en el sector agrícola, pesca y minería, seguido de 15,1% en servicios, 11,8% en comercio y 7,7% en manufactura.
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